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miércoles, 2 de enero de 2019

Quiero un piso

¡Feliz Año! Me apetece cantar una canción que compuse en 2005, y cuyos vaticinios se cumplieron, porque temo que se repita la historia. Estamos en año electoral y nadie menciona el tema del que trata. Se la dedico a José Luis Álvarez Gallego, al que conocí y traté mucho. Tiene unas partes vocales y otras, instrumentales.

QUIERO UN PISO

Quiero un piso sin salón,
sin garaje ni cocina;
tan sólo una habitación
que no se me caiga encima.

Suben y escalan y vuelan aún más.
Trabajando no los alcanzaré.
Ya puedo ahorrar, al final dará igual;
ni para una simple entrada tendré.

Maldita idea la de desgravar
por comprar casa; unos años sirvió,
pero después se hizo tan popular
que al infinito el precio disparó.

Si yo fuera presidente
o ministro del dinero
al que tuviera dos pisos
lo machacaría impuestos
y al que tenga más de dos
rapidito lo encarcelo.

España entera se va a convertir
en una inmensa y vacía ciudad
donde nadie conseguirá vivir:
nadie podrá tales precios pagar.

Eso si antes no se pincha el balón;
si nadie entiende que no puede ser;
si nadie frena la especulación;
si a la realidad no exigimos volver.

Quiero un piso sin salón,
sin garaje ni cocina;
tan sólo una habitación
que no se me caiga encima.



Canción completa en http://alvarosinde.x10host.com/Canciones/quiero_un_piso.mp3

Desde que la escribí he cambiado de idea: para combatir el problema de la vivienda lo que debe hacerse es construir vivienda social de alquiler, con la renta en función de los ingresos del inquilino. En países ricos como Alemania u Holanda son sociales el 57 y el 47 % de las viviendas; en España, apenas el 1 %. Esto es una vergüenza y debe acabar.

De esta sesión me gustó especialmente Kilómetros de asfalto, de Javier Cuenca.

7 comentarios:

  1. De enero a septiembre de 2018 tan solo se han finalizado 2.504 viviendas protegidas en venta y alquiler en España. Hay autonomías en las que no se ha entregado ni una sola.

    El año 2018 ha sido especialmente devastador con la vivienda protegida, que está en mínimos históricos. Y pone negro sobre blanco la existencia de una grave crisis que, además, está afectando a otros mercados, como el del alquiler. “El demandante se ha tenido que ir a la vivienda de alquiler y eso ha afectado al alza de los precios”, considera Carme Trilla, economista y presidenta del Observatorio de Vivienda de Barcelona. Y, además, “se ha dejado de ejercer el papel de regulador del precio del mercado libre que se conseguía cuando las tasas de protección oficial eran elevadas”, prosigue. “La existencia de un menor parque de vivienda de precio limitado provoca una mayor tensión de precios de venta y alquiler”, sostiene Roberto Boluda Martínez, director de Prygesa, empresa del grupo Pryconsa dedicada a la gestión de cooperativas.

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  2. Los desahucios por impago de alquiler están aumentando. Y los niveles altos de desahucios, sea por alquiler, sea por impago de hipotecas, son una desgracia social. Las autoridades públicas han de encarar esta situación con decisión. Sin embargo, en la búsqueda de soluciones deben guardarse de algunas que parecen simples, pero que son falaces.

    Una son las subvenciones al alquiler. No constituyen una solución porque, a oferta fija, la subvención se trasladará a los alquileres, de forma que el arrendatario acabará pagando lo mismo y el beneficio irá al propietario.

    Otra no-solución es el control de alquileres. La experiencia histórica e internacional ofrece lecciones muy nítidas: su efecto es reducir la oferta de vivienda en alquiler. Constituye un incentivo muy efectivo para que los propietarios sustraigan las viviendas al mercado de alquiler y las pongan a la venta.

    El problema del alquiler solo tiene una solución de fondo: hay que propiciar el aumento de la oferta, y a un ritmo conmensurable con el crecimiento demográfico, donde lo haya.

    La propuesta sería que todo volumen edificable que esté disponible a consecuencia de la acción pública, o que ya desde el principio sea de propiedad pública, genere vivienda “de regulación pública”. No “pública”, porque la forma natural de transformar la posibilidad en realidad sería por la vía de programas de colaboración con el sector privado. Por ejemplo, mediante concursos donde se asignaría un derecho de uso del volumen aportado públicamente que tendría como contrapartida la regulación de alquileres por parte de la autoridad pública, siempre garantizando al promotor una tasa de rendimiento razonable y fija. De esta forma, el sector público podría constituir progresivamente un stock de vivienda de regulación pública accesible por alquiler. Debería también existir un compromiso firme de no pasarlo a régimen de propiedad en el futuro. Es decir, serían de alquiler indefinidamente.

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  3. De los 1,8 millones de habitantes que tiene, el 62 % vive en casas de renta social (pisos municipales y pisos subsidiados). Pero la ciudad no es ajena a la gentrificación y al aumento de los precios de alquiler. Por eso, el Gobierno local, liderado por una coalición entre socialdemócratas y ecologistas, ha querido tomar cartas en el asunto y asegurar que dos tercios de las nuevas construcciones de más de 5.000 metros cuadrados sean de protección oficial y no excedan un precio de alquiler de cinco euros netos por metro cuadrado.

    La receta de Viena para mitigar los precios del alquiler se basa en una fuerte intervención de los poderes públicos en las viviendas. Con 220.000 pisos municipales repartidos en todos los barrios de la ciudad y administrados por la compañía pública Wiener Wohnen, la ciudad es la principal casera de sus habitantes. De aquí a 2020, construirá 4.000 pisos municipales adicionales. Cerca de 500.000 personas viven en este tipo de apartamentos, que actualmente tienen un precio neto de 5,58 euros por metro cuadrado y se alquilan de manera permanente, con una renta media de 400,20 euros al mes. Además existen 200.000 pisos que cuentan con ayudas públicas y pertenecen a la federación de asociaciones de vivienda de renta limitada. Cuestan un promedio de 512,40 euros mensuales.

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  4. Solo en Cataluña más de 125.000 familias están inscritas en la lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. Esta cifra se ha duplicado de 2009 a 2019 y, mientras crecía, ha ido disminuyendo el número de nuevas viviendas protegidas disponibles. En 2018 solo se terminaron en Cataluña 677. La falta de actualización de los baremos de ayudas del Ministerio de Fomento a los constructores de vivienda protegida la hacen inviable.

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  5. Euskadi va a dejar de promover pisos sociales para la venta. En 2020 todas las promociones públicas serán para alquileres, porque de los 64.000 demandantes de vivienda social inscritos en el registro autonómico, 52.000 lo reclaman. No tiene vuelta atrás. La primera autonomía en considerar la vivienda un derecho subjetivo, y por tanto exigible dentro de unos requisitos de ingresos, ha diseñado una hoja de ruta respaldada por el Parlamento vasco. La meta es evitar, por la vía de la oferta, que el precio del mercado libre de alquiler se desboque y provoque una burbuja.

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  6. Plataformas ciudadanas de 19 países han llevado a la Comisión Europea esta iniciativa que pide más pisos públicos.

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  7. Entre 1951 y 2015 se construyeron en España 6,3 millones de viviendas protegidas, el 36,8 % del total. Pero este extraordinario esfuerzo público no ha impedido que hoy contemos con apenas un 2 % de vivienda social, frente al 32 % de Holanda o el 23% de Austria. El Estado realizó un esfuerzo importante en la construcción de viviendas que, financiadas con el dinero de todos, luego se transformaron en propiedades de algunos.

    Ahora no se debería repetir el viejo modelo sino pasar a financiar viviendas de alquiler basándose en los derechos sociales.

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